El cuarto de siglo que el Ayuntamiento de Madrid ha estado gobernado por el Partido Popular ha dejado la práctica totalidad de los servicios de titularidad municipal en manos de empresas privadas, que consiguen enormes beneficios por ello.
A los servicios de recogida de basura, limpieza, jardinería, etc. ha sumado otros muy sensibles, como la gestión del padrón, escuelas infantiles, licencias de obra, conserjerías de centros municipales y la práctica totalidad de los servicios sociales, cuyas antiguas empresas han sido adquiridas por especulativos fondos de inversión extranjeros.
Para mantener los beneficios económicos de unos contratos licitados a la baja, se reducen drásticamente muchas de las prestaciones, y se deteriora sin límites las condiciones laborales de quienes realizan los servicios contratados.
Junto a este proceso privatizador, el Ayuntamiento ha sido desmantelado, y ya ni siquiera tiene personal para poder hacer un control en condiciones de los servicios que realizan las empresas adjudicatarias, con lo que el deterioro es cada vez mayor, como pueden comprobar los y las vecinas y personas usuarias; función de supervisión que, por otra parte, no sería necesaria con una gestión directa.
Además conviene recordar que, frente a lo que nos han querido hacer creer la propaganda capitalista, la gestión privada cuesta al menos un 30% más a las arcas municipales, por el IVA que hay que pagar, por la garantía de los beneficios empresariales, y por otros muchos gastos que finalmente se ve el Ayuntamiento obligado a acometer por falta de mantenimiento de instalaciones y un largo etcétera.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que la reversión de la gestión del servicio al municipio permite una participación en la gestión del mismo por parte de trabajadores y usuarios, pudiendo explorar fórmulas de participación novedosas y eficaces que eviten la burocratización que produce a veces el alejamiento de los gestores.
Recuperar la gestión directa de los servicios es, no sólo una opción política, sino una obligación por parte de las administraciones, para procurar la mejora de las prestaciones a las personas beneficiarias, de las condiciones laborales dignas para las y los trabajadores, y conseguir un coste adecuado sin gastos injustificados. La ley es clara a la hora de colocar en primer lugar esta modalidad de gestión directa, y se ha podido comprobar cómo en muchos Ayuntamientos, incluido el de Madrid, ha sido posible la reversión de los servicios con la subrogación de los trabajadores, a pesar de las trabas legales que, aunque dificultan los procesos, no los impiden. Cambiar las cosas no suele ser la opción más cómoda, pero para dejar las cosas como están, mejor quedarse en casa.