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Iván Pérez Marinas
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La II República española empezó en los municipios, en los ayuntamientos. Ante la victoria de las candidaturas republicanas y socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, Alfonso de Borbón se vio obligado a abandonar España al mismo tiempo que se proclamaba la República desde los balcones de los cabildos. Fue palpable cómo el poder municipal acabó con el tambaleante régimen monárquico, de abajo hacia arriba, para instaurar por primera vez en España un sistema netamente democrático, que por supuesto tenía precedentes gracias a las luchas civiles de las décadas y siglos anteriores. Por lo tanto, para los actuales gobiernos municipales es de recibo y de su incumbencia que se ocupen y se preocupen por realizar políticas activas en materia de memoria democrática.
En el sistema político español, en el cual los municipios están supeditados a marcos legislativos superiores, las políticas de memoria están en gran medida centralizadas en el Estado, en concreto a través de la Ley 52/2007, comúnmente conocida como Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, esta normativa estatal no impide considerables márgenes de maniobra a los ayuntamientos para que ejerzan sus propias acciones de gobierno memorialísticas, más allá de lo que establece esta Ley. Piénsese en todas las políticas municipales realizadas hasta antes de su aprobación en el año de 2007; por lo tanto, si antes se podían hacer, por supuesto que ahora también se pueden hacer. Esto no quita para que, junto a la creación de un reglamento que la desarrolle, la Ley 52/2007 se revise ante sus numerosas carencias, como, por citar algunas, la ampliación del concepto jurídico de víctima del franquismo, la obligación del Estado de exhumar las fosas comunes, la anulación de los juicios sumarísimos, y además la inclusión de un régimen sancionador, por el cual, en caso de su incumplimiento, la administración o el particular será castigado legalmente e impelido a su acatamiento.
Entre las medidas que las corporaciones municipales pueden llevar a cabo sin más dilaciones se encuentra, en primer lugar desde mi punto de vista, el reconocimiento en sesión plenaria de todas las víctimas del franquismo durante la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición en su localidad, junto con el reconocimiento de la legalidad de su correspondiente ayuntamiento de la II República, asumiendo de esta manera la continuidad democrática a partir de él. Estas declaraciones institucionales no deben quedarse dentro de los edificios municipales; deben manifestarse fuera con acciones en el que el elemento fundamental sea la participación vecinal, dando por consiguiente el protagonismo a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas y sus familiares y personas allegadas. Las entidades municipales deben colaborar en la celebración de actos populares de homenaje y otros eventos en espacios públicos, como congresos y exposiciones. Para que las nuevas generaciones conozcan adecuadamente lo que ocurrió en su ciudad, pueblo o barrio es muy importante dárselo a conocer tras una rigurosa labor de investigación en historia local, que debe ser financiada por la propia corporación; de hecho, estas historiadoras e historiadores tienen a su disposición el fondo fotográfico digitalizado de la Biblioteca Nacional de España sobre la Guerra Civil, que incluye imágenes sobre múltiples localidades de la geografía española.
La labor memorialística que más han desarrollado los ayuntamientos es, junto con el renombramiento de calles, la retirada de símbolos franquistas, si bien, como es conocido y está denunciado, aún quedan muchos pueblos y barrios de ciudades que no lo han llevado a cabo. Esto ocurre en muchos casos porque la ideología de los gobiernos municipales es antimemorialística, pero en muchos otros casos porque éstos se limitan al manejo de la Ley de Memoria Histórica, cuya redacción se circunscribió a exaltaciones de la guerra y la dictadura y cuya interpretación reduccionista puede servir de pretexto a eliminar el menor número de vestigios posibles. Sin embargo, los ayuntamientos tienen un arma legal poderosísima para llevar a cabo políticas valientes de retirada de monumentos y nombres franquistas: la ordenanza municipal. Esta herramienta legislativa permite su ejecución; así se había hecho antes de la aprobación de la Ley 52/2007 y, como no se contradice con ella sino que en su misma dirección va más allá, se puede seguir haciendo.
Una cuestión en debate es qué hacer con los monumentos franquistas de gran tamaño que suele haber en las ciudades (por ejemplo, el Arco de la Victoria en Madrid), ya que entre determinados colectivos de memoria se apuesta por su resignificación. Consiste en una importante modificación arquitectónica, o en su caso escultórica, para que dejen de homenajear al franquismo y, preservándose como testimonio de lo que fueron, se reviertan para que se conviertan en memoriales de sus víctimas. Asimismo, se puede ver cómo afloran cada vez más nuevos monumentos a instancia municipal en toda España, además muchos de ellos asociados a la identificación de lugares de memoria.
Por último y muy relacionados con estos espacios de memoria, se encuentra la iniciativa de erigir en ellos Centros de Memoria Democrática, con funciones de museo, archivo y biblioteca, incluyendo salas para actividades formativas y educativas. En ellos es altamente recomendable la conformación de institutos públicos municipales para la investigación y divulgación de memoria democrática. Actualmente lo más parecido es El Born del Ayuntamiento de Barcelona, si bien no se circunscribe tan sólo a la memoria democrática. Debido a su inexistencia generalizada, al menos el municipio de Madrid, por ser la capital y uno de los lugares protagonistas de la memoria demócratica, debería contar con uno; colectivos memorialistas proponen su ubicación en una parte de los amplios terrenos de la Cárcel de Carabanchel, lugar de memoria derribado en 2008 por el entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba en una infructuosa operación especulativa de viviendas.
Lo que queda patente es que queda mucho por hacer sobre memoria democrática en España y que, si se quiere impulsar exponencialmente políticas moemorialísticas, son los ayuntamientos los que más se tienen que poner a trabajar por ser la administración más cercana a la ciudadanía. Por ello, la memoria democrática es, también y sobre todo, municipalista.